Ir al contenido principal

Derecho y Economía de la Propiedad Intelectual


En solo unos cuantos años, un nuevo elemento se impuso como un motor determinante del crecimiento de la economía: el inmaterial. En una economía donde las ideas priman, donde la invocación crea valor, parece normal que los actores quieran proteger estas ideas, o por lo menos, el beneficio económico que esperan sacar de ellas. Se habla de capital intelectual. A nivel económico, los activos inmateriales representan del 75% al 90% de la capitalización bursátil de las grandes empresas; cuando hace 20 años solo representaban el 30%. La sola parte de la industria del derecho de autor figura en segundo rango de las industrias estadounidenses en su contribución al ingreso nacional[1].

Todas las economías no tienen el mismo interés para la Propiedad Intelectual, pero los Estados cuya economía esté basada en la explotación del conocimiento tienen un interés particular a proteger su avance tecnológico ofreciendo y promoviendo una fuerte protección de la Propiedad Intelectual, mientras que los países en vía de desarrollo al contrario están propicios a ofrecer una protección minimalista de estos derechos, yendo hasta reducir los precios al consumo y favorecer los transferencias de tecnologías hacia empresas locales. Si no se puede determinar especialmente cual es el nivel óptimo, podemos afirmar que los países desarrollados y en vía de desarrollo tienen intereses asimétricos[2]. Sin embargo, a pesar de esta asimetría, los derechos de Propiedad Intelectual tienen la tendencia de armonizarse a nivel mundial: por ejemplo en Unión Europea, de por la existencia de un mercado común sin fronteras favoreciendo el libre comercio y tránsito de las mercancías, pero más bien con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que establecen protección mínima para estos derechos. Empero, muchos países van más allá y ofrecen una protección mayor.

Así mismo, la ley estadounidense llamada “Super 301[3] amenaza, a través de una lista de vigilancia especial, de represalias comerciales todo país que no ofrezca una protección suficiente de los Derechos de Propiedad Intelectual: México, India, Argentina, Tailandia, Ucrania y Honduras figuran mientras las “víctimas”. En otras circunstancias, los Estados Unidos sencillamente se rehusaron a firmar tratados bilaterales hasta que se adecuen, como Colombia, Corea y Pakistán. Se trata de una verdadera presión coercitiva en contra de países en vía de desarrollo. Además de estas represalias, la lista de vigilancia constituye una amenaza real de sanción comercial, al afectar la reputación de un país a los ojos de los inversionistas extranjeros. Podemos decir que la ley estadounidense ha sido instrumentalizada para mejorar y consolidar la balanza comercial de los Estados Unidos[4], declarando éstos desde 1988 que “aunque los Estados Unidos no estén en una posición de dictar su política económica al resto del mundo, están en posición de guiarlo y es de interés nacional hacerlo[5].

Sin embargo, dicha amenaza puede ser de doble hilo: el monopolio acordado al laboratorio que patentó la tri-terapia (SIDA) provocó un rechazo de la población afectada en África de Sur, así como una condenación moral a nivel mundial. Por otro lado, nos podemos recordar el caso chino del 2000, cuando los EEUU los amenazaron de represalias económicas si no se adecuen a lo que entienden una “protección suficiente” de los derechos de Propiedad Intelectual, los grandes importadores americanos, así como los inversionistas chinos vinieron a protestar; y el gobierno chino clavó un poco más el cuchillo al comprar por 1,500 millones de dólares de aviones Airbus (Francia) en lugar de Boeing (EE.UU), donde solía comprar.

Por ende, de una fase de coerción, se pasó a una fase de contratación, con las firmas de acuerdos bilaterales. De ahí la adopción del DR-CAFTA en República Dominicana, modificando notablemente el ámbito de la Propiedad Intelectual en el país, a través de la transposición de sus reglas en 2006, y ofreciendo ventajas comerciales a sus socios, a cambio de alineaciones de las reglas de Propiedad Intelectual locales sobre el modelo estadounidense[6].

Además, podemos constar que una fase de contratación abre la vía a una de socialización. En efecto, los tratados prevén también la creación de consejos conjuntos donde se pueden intercambiar y discutir las ideas, y no más solo imponer las suyas a la fuerza. Por otro lado, estos debates tienen lugar bajo el ojo vigilante de los demás países, que no faltaran de sancionar políticamente y moralmente los eventuales abusos.

La emergencia social de la Propiedad Intelectual también se caracteriza a través de programas de capacitación fomentados por los mismos Estados. La Propiedad Intelectual constituye pues, fundamentalmente, un mecanismo de regulación del mercado. Podemos decir que tiene principalmente una función económica (I) y una función social (II).

I- La propiedad intelectual como herramienta económica

Los bienes inmateriales, no susceptibles de apropiación física, solo lo son a través de reglas de derecho, como medio de transformar el conocimiento en ventajas socio-económicas.

La protección tradicional de la Propiedad Intelectual consiste en el otorgamiento de derechos exclusivos, con ciertas excepciones. Pero existen también otros métodos de protección, como el secreto industrial; o los modelos económicos, técnicas de ventas y de distribución, pero en este caso, suelen no poder ser protegidos por la Propiedad Intelectual en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro.

Pues, se quiere proteger la inversión. Sin embargo, la protección de la inversión no debe per se constituir un freno a la innovación (ahí pensemos a las diversas condenaciones de Microsoft en Europa, por abuso de posición dominante, violando el Derecho de la Competencia). Si tal fuese el caso, sería ilegitima. De ahí que el Derecho de la Competencia interactúa necesariamente con la Propiedad Intelectual. Tampoco parecen legítimos los patent trolls; donde no hay innovación alguna, sino un mecanismo de entorpecimiento deliberado de la innovación de los competidores, parecido al cyber-squatting con los nombres de dominio en el Internet. Un informe de la Comisión Europea[7] demuestra que, en un mismo periodo, el número de patentes depositadas aumentó mientras que el de moléculas disponibles en el mercado bajaba. Se puede combatir dichos abusos con el otorgamiento de licencia legal por falta de uso o razones de salud pública, ya establecida en la Ley 20-00, y controles más rigurosos en el otorgamiento de patentes.

Por otro lado, una otra tendencia es la de no favorecer tanto las rentas adquiridas como antes, consideradas fuente de inmovilismo, sino una lógica de compartición del conocimiento y de sus frutos, de difusión de la cultura, de difusión de la innovación. De una parte, el fenómeno Open Source[8] lo ilustra perfectamente (el cual no excluye aplicaciones comerciales ulteriores, pensamos aquí en el sistema operativo Android), pero basándose en un sistema operativo no propietario y exclusivo como lo es el de Microsoft o de Apple.

Las dos lógicas (apropiación vs compartición) tienen su razón de ser, y a nuestro entender, deben coexistir. De ahí, la idea de licencia legal no parece tan descabellada[9], aunque su concepto varia, la doctrina dudando si se trata de una compensación o de una remuneración. Sin embargo, una licencia legal general parece ser un modelo adaptable a una economía como la dominicana.

De nuestra demostración, podemos afirmar que, con la evolución de la sociedad, pasaríamos de un derecho especial del derecho de los bienes, a un derecho común de la economía del inmaterial.

Pero la dimensión económica no es la única, y no se pueden ignorar las demás, como por ejemplo la función social que tiene, a través del desarrollo sostenible, y de su enfoque societario.

II- La propiedad intelectual como herramienta social

La Constitución Dominicana consagra el Derecho a la Propiedad Intelectual en su Artículo 52: “Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”. Por otra parte, la Corte Suprema de los Estados Unidos decía desde 1932 que “el primero objetivo que se persigue al otorgar un monopolio yace en los beneficios de orden general que el publico obtiene del trabajo de los creadores[10]. Según esta concepción, el Derecho de Propiedad Intelectual se justifica porque alienta la creación, y por ende, el progreso social. Se trata pues de una especie de “contrato social” entre el creador y la sociedad, tal como lo predica la filosofía de las Luces.

También aparece una dimensión moral: la protección de la personalidad del creador y la remuneración de esfuerzo. Además, cuando se trata de marcas, tiene una función social suplementaria: dar al consumidor una garantía de la calidad esperada, y protegerle de eventuales falsificaciones. En efecto, la falsificación representa 5 a 10% del comercio mundial, por un monto de beneficios ilícitos entre 300,000 y 400,000 millones de dólares por año. En la Unión Europea, el número de artículos falsificados retenidos en aduanas más que dobló en 2008, con 20 millones potencialmente peligrosos para la salud (11% de los artículos incautados).

Luego de nuestro análisis, piensen a las varias aplicaciones sociales que podría tener el aliento al desarrollo de invenciones socialmente útiles en nuestro país, aunque poco rentables: como lo sería por ejemplo el desarrollo de la variedad agrícola, o una vacuna contra el dengue[11].

Este tipo de invenciones constituiría un suicidio económico para una empresa privada. Para llegar a este logro, se necesita el apoyo del Estado y de otras entidades interesadas en el bien estar de nuestra nación, alentado, esperamos, por un plebiscito de un pueblo cada día más consciente de la importancia creciente del inmaterial en su vida cotidiana.



[1] H. Cohen Jerohem, Réflexions critiques sur l’importance économique du droit d’auteur, en  « L’importance du droit d’auteur », Journées d’études de l’ALAI.
[2] World Bank, Global Economic Prospects and the Developing Countries, Washington, World Bank, pp. 129-150
[3] Refiriéndose a la sección 301 del Trade Act
[4] S. VON LEWINSKI, International Copyright Law and Policy, OUP Oxford, 2008, 7.16-7.17
[5] Omnibus Trade and Competitiveness Act 1988, Art. 1001 (a) (2) – (4)
[6] Estados Unidos, Trade Act of 2002, Pub. I., No. 107-210, 116 Stat. 933
[7] European Commission’s Final Report on Competition in the pharmaceutical sector: Pharmaceutical Sector Inquiry. Final Report (08/07/2009)
[8] ¡Ojo! Al hablar de Open Source, no se trata de un régimen jurídico distinto al de la Propiedad Intelectual, sino de un acondicionamiento contractual de este.
[9] Existe en nuestro Derecho para los derechos conexos.
[10] Fox Film Corp. v. Doyal (286 U.S. 123, 127, 76 L. Ed. 2d.1010 (1932))
[11] Idea muy acertada del Lic. Luis Gil Abinader.

Comentarios

Twitter


Entradas más populares de este blog

Difamación e Injuria en las Redes Sociales en República Dominicana

Por: Juan Narciso Vizcaíno Canario. 
Hace unas semanas se me acercó una joven con intención de plantearme algo que le sucedió en una red social. Al requerirle información sobre el hecho, procedió a decirme que fue objeto de insultos y le atribuyeron cometer actos no ocurridos. De inmediato, con la finalidad de comprobar sus argumentos, le requerí que me mostrara los comentarios y, ciertamente, había sido difamada e injuriada.
Lo anterior, ocurre constantemente y llama altamente la atención, puesto que si bien toda persona tiene el derecho fundamental a la libertad de expresión conforme al artículo 49 de la Constitución, no menos cierto es que éste encuentra sus límites frente a afirmaciones o comentarios que atacan el honor, la dignidad, la intimidad y la moral de los demás.
Resulta importante destacar que las redes sociales son medios que permiten crear perfiles, compartir contenidos e interactuar con otros usuarios y que cada día aumenta el número de personas que se unen, movidos por i…

“No somos responsables por daños…” La realidad desconocida.

Por: Juan Narciso Vizcaíno Canario
Vivimos en una sociedad de consumos, en la que a diario nos trasladamos a establecimientos comerciales, centros médicos, hoteles y distintas empresas, con la finalidad de adquirir un determinado producto o servicio. La mayoría de esos lugares poseen y ofrecen un área destinada para parqueos, lo que hace que el cliente prefiera asistir a éste, porque, en principio, no solo le ofrece la comodidad que busca, sino que también le proporciona la seguridad de que su vehículo de motor estará bien cuidado.
Pero, en casi todos esos espacios, es común encontrar un letrero que contenga lo siguiente: “No somos responsables de los daños causados a sus vehículos ni a sus propiedades. Ni tampoco en caso de robo o perdida”, otros se leen de la siguiente forma: “La administración no se hace responsable de los vehículos dejados en este parqueo”. 
Establecer un espacio con la finalidad de que los usuarios puedan estacionarse genera un atractivo para las personas. Desde el …

De la anarquía instaurada por nueva Ley 140-15 que regula Notariado Dominicano

Por: @SylvioHodos


Pasando totalmente desapercibida, al promulgarse por el presidente Danilo Medina el 7 de Agosto de este año 2015 conjuntamente con la Ley No. 141-15 sobre Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, la nueva Ley que regula el Notariado Dominicano e instituye el Colegio Dominicano de Notarios No. 140-15[1] viene indirectamente a revolucionar el Procedimiento Civil y las Vías de Ejecución, derogando la Ley de Notariado No. 301, así como la Ley No. 89-05 instituyendo el Colegio Dominicano de Notarios.
Por razones de espacio y de interés, no nos atardeceremos sobre la nueva composición del Colegio de referencia, ni sobre las funciones de capacitación de dicho Colegio, ni sobre el valor del sello, ni sobre las funciones notariales de los cónsules dominicanos, ni sobre las sanciones disciplinarias; sino que comentaremos los aportes y cambios que entendemos relevantes de este nuevo texto legal; aplicables de inmediato, al no identificarse ningu…

La importancia de la teoría del delito en la práctica penal.

Por: Luis G. Fernández Budajir
Luego de casi 150 años de aplicación del Código Penal Napoleónico la República Dominicana se aboca a la aplicación de un nuevo modelo de Código Penal,[1] que incluye un sistema categorial clasificatorio que resulta común a casi todas las clases de delito y que ha sido denominado desde antaño como Teoría del Delito.
Con dicha teoría se intenta explicar los presupuestos que deben configurarse de modo general para la imposición de una pena o de cualquier otra consecuencia jurídica resultante, ya sea de la existencia o de la inexistencia, del delito.
Esto supone una ruptura con la tendencia francesa que rechaza de modo sistemático la implementación de la Teoría del Delito dentro de su sistema, permaneciendo, incluso hasta hoy, arraigada al planteamiento de los elementos constitutivos de la infracción, a saber, el elemento material, elemento moral, elemento legal y el elemento injusto. También continúa siendo una separación respecto al sistema anglosajón del c…

Impacto de la nueva ley de lavado de activos en el ejercicio de la abogacía

Por: Edgar Torres Reynoso (@ETorres_Reynoso)
En República Dominicana durante años el ejercicio de la abogacía, desde el punto de vista académico, ha recibido intentos de aumentar su regulación, tratándose de adicionar parámetros éticos y profesionales para el acceso a su ejercicio. Tal es el caso del proyecto de ley presentado por la Suprema Corte de Justicia en el año 2012, que pretendía regular el ejercicio de la abogacía[1] y de los notarios públicos. En este proyecto se establecían una serie de requisitos académicos para poder ejercer la profesión, incorporándose además nuevos deberes y obligaciones ─adicionales a los establecidos en la Ley 91 de 1983─ para los abogados. Sin embargo, el proyecto no ha sido sancionado por las cámaras legislativas quedando prácticamente en el olvido.
Actualmente, el ejercicio de la abogacía se encuentra regulado por:
a. La Ley 91 de 1983 que crea el Colegio de Abogados, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/027…

El divorcio al vapor y la ley sobre Derecho Internacional Privado

Por: Dilia Leticia Jorge Mera (@DiliaLeticia)
El divorcio es el proceso legal mediante el cual se puede poner fin a un matrimonio.  La ley que rige ese proceso es la 1306-bis del 21 de mayo de 1937, que establece procedimientos especiales tanto si se trata de un divorcio por causa determinada (el más común es el de incompatibilidad de caracteres) o un divorcio por mutuo consentimiento.
En 1971 esa norma fue modificada mediante la Ley 142 y se introdujo un “nuevo tipo de divorcio” llamado comúnmente “divorcio al vapor”. Dice el profesor William Headrick que el “divorcio al vapor” surge “Con la finalidad de proporcionar negocios a los abogados dominicanos y divisas al Banco Central (…) que permite a los jueces dominicanos admitir el divorcio por mutuo consentimiento entre extranjeros no residentes.”[1]  La Ley 142 permite que los extranjeros puedan divorciarse de común acuerdo en el país, aún no sean residentes.
A parte de esa característica, tiene otras diferencias con el divorcio por mut…

Competencia de los Tribunales de Tierras para determinación de herederos de derechos inmobiliarios: caso del único sucesor

Por: Víctor M. Polanco M. (@VictorMPolancoM
Como regla general, la solicitud de determinación de herederos es competencia exclusiva de los tribunales civiles, así lo establece el artículo 326 del Código Civil.Los Tribunales de Tierras como jurisdicción de excepción, son competentes para conocer de la solicitud de determinación de herederos en los casos establecidos expresamente en el artículo 57 de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario.Conforme se deriva de la aplicación del artículo 57, la Jurisdicción Inmobiliaria sólo es competente para conocer de la determinación de herederos cuando ésta se solicita conjuntamente con la partición de inmuebles registrados.
Sin limitarnos a lo dispuesto taxativamente en el precitado artículo, es evidente que los Tribunales de Tierras nunca se limitarán a la simple determinación de herederos conforme las reglas de la filiación establecidas en el artículo 319 y siguientes del Código Civil, sino, que sus resoluciones o sentencias, necesariamente or…

¿Cómo identificar las obiter dicta?

Por: Amaury A. Reyes-Torres (@AmauryReyes)
Nota: la presente es una versión simplificada que forma parte de una investigación más amplia.
Generalidades
En un sistema de precedentes, no todo el contenido de una sentencia se considera vinculante. Aquello que vincula de una sentencia es la ratio decidendi o holding. La conclusión del tribunal que contiene la regla de derecho que deberá ser aplicada en casos futuros o circunstancias análogas. Le sigue el decissum que es la aplicación de esa regla de derecho a la controversia en concreto. Finalmente, la dictum o las dicta se refieren a toda declaración, máxima, o “dicho sea de paso” que carece de importancia para la solución del caso. Véase Michael Abramowicz & Maxwell Steams, Defining Dicta, 57 Stan. L. Rev. 953, 959 (2005).
Naturaleza de las Dicta
Existen buenas razones por las cuales las dicta no pueden considerarse vinculantes. Primero, toda labor jurisdiccional debe limitarse al caso o controversia del cual ha sido apoderado, de lo con…

Las Costas en el Proceso Civil

Por: Juan Narciso Vizcaíno Canario
¿Qué son las costas?
El pago de honorarios se remonta al Derecho Romano, del cual lo tomó el legislador francés, consagrándolo en el antiguo derecho, en ordenanza civil de 1667. De ahí pasó al Código Napoleónico y de este último a nuestra legislación, donde el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que: “Toda parte que sucumba será condenada en las costas…”. De igual forma, tal concepción se deriva que “El vencido ha de pagar necesariamente al vencedor los gastos o costas del juicio”. Es decir, que la condenación en costas es una carga que se le impone a aquel accionante que habiendo acudido a pleitear fue aplastado por la defensa de su opositor.
El fundamento jurídico de esta regla condenatoria se basa en la doctrina que trata de explicar la condenación de costas por medio de la noción de riesgos. Lo que quiere decir que la parte que postula como demandante o demandada, debe soportar las consecuencias de su actuación en el pr…

Función Social del Abogado

Por: Juan Narciso Vizcaíno Canario

La idea de escribir sobre este tema me surgió en momentos en que aún cursaba la carrera, en razón de que postulo que el desenvolvimiento de los abogados va más allá de la defensa de intereses que están envueltos en los casos que le han sido apoderados. Otro aspecto que me motivó se debe a que luego de egresado, en el devenir de los quehaceres asumidos he constatado que en República Dominicana, es escaso toparse con abogados que ejerzan su función social.

Desde tiempos remotos la palabra “Abogado” ha sido concebida y definida de diversas formas, por distintos autores, críticos y profesionales de la misma área, como el título con el cual se le conoce a la persona que sirve como intercesor o representa intereses o presta asesoría a una persona que se encuentra en un conflicto. Muchos se olvidan de que la psiquis del profesional del derecho debe ser complementada.

No se trata únicamente de asumir una postura de representación en busca del proveimiento de lo…