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Estafa en triángulo. ¿Estafa procesal? Una nueva modalidad típica en República Dominicana

Por: Luis G. Fernández Budajir

Uno de los delitos de la parte especial del Código Penal que más atención ha merecido por la doctrina es la Estafa. Su compleja configuración, la técnica utilizada por los legisladores del mundo para la clasificación de los verbos o elementos típicos y los actores que intervienen en dicha infracción hacen llamativo su análisis. Es sabido que para la configuración del delito de estafa se requiere la presencia de un sujeto activo que realice la maniobra fraudulenta o engaño y de un sujeto pasivo que caiga en el error y disponga de su patrimonio voluntariamente, producto del engaño al que ha sido inducido.

A diferencia de otros delitos donde el sujeto pasivo no consiente en la participación del injusto, en la Estafa sin el consentimiento del sujeto pasivo no se materializa la infracción. De hecho, en algunos delitos el consentimiento de la víctima es una causa de justificación o de exclusión de la responsabilidad penal, el problema es que en la Estafa dicho consentimiento se da como consecuencia de un error que ha sido creado por el sujeto activo a través del engaño.

El código penal dominicano, que estará vigente hasta el día 19 de diciembre de 2015, inclusive, contiene el delito de estafa del artículo 405 del Código Penal Napoleónico, que estuvo inspirado en la ley francesa de julio de 1791, la cual creaba una categoría genérica de fraude separada de las falsedades como delitos contra el patrimonio. Siendo el Código francés Napoleónico un texto jurídico meramente casuístico, el legislador de aquella época se vio obligado a renunciar a la difícil tarea de enumerar todos los tipos de engaños que podrían materializar el delito de Estafa para enfocarse únicamente en tres supuestos que son los que conocemos hoy en día: uso de nombre falso, uso de una calidad falsa o el empleo de maniobras fraudulentas.

Esta labor codificadora resultó a todas luces inútil, pues la finalidad perseguida por el legislador francés resultó ser más problemática que positiva, ya que un sinnúmero de conductas engañosas quedaban fuera del alcance del tipo, resultando ser un verdadero reto para los tribunales al aplicar justicia y en muchas ocasiones siendo la impunidad el homenaje brindado por el texto legal. Los peligros de dicha aplicación, por otra parte, y como contrapeso de la impunidad resultó muchas veces en la utilización de la analogía in malam partem, en un evidente perjuicio para el imputado, cuyos derechos eran vulnerados por la necesidad de extender el tipo penal más allá del sentido literal posible, en la búsqueda incansable de subsumir conductas que pudieran dar cabida a aquellos comportamientos que describía el artículo 405 del Código Penal.

Para nuestra sorpresa estos problemas acabados de describir no terminarán con la implementación del nuevo Código Penal dominicano, toda vez que nuestro legislador decidió inspirarse, en cuanto al delito de Estafa se refiere, –otra vez- en el Código Penal Francés, en específico, en el Nouveau Code Criminal de 1994, cuyos artículos 313-1 al 313-4 inclusive, sección I, Capítulo III, traducidos al español, salvo escasas alteraciones gramaticales, constituyen precisamente nuestro modelo a seguir en los artículos 259 y siguientes de nuestro texto. Esto resulta paradójico, pues demuestra que una cantidad de influencias jurídicas –no solo doctrinales, sino también de sistemas-, de las más diversas, inundan nuestro nuevo Código Penal.

Pero, lejos de las críticas que pueda recibir dicha labor recopiladora, como fundamento de la implementación de un nuevo modelo de atribución penal fundamentado en la Teoría del Delito, hemos indicado en otras ocasiones que, precisamente, una de las ventajas de esta teoría es que nos permite analizar de manera sistemática y organizada cualquier sistema jurídico-penal, y es en ese sentido que procedemos a analizar las novedades que nos trae el tipo básico de la Estafa.[1]

El artículo 259[2] del nuevo Código Penal dominicano modifica en algunos aspectos el viejo artículo 405. Introduce en el tipo la conducta de abusar de una calidad verdadera y dirige la conducta al fin de engañar a otra persona, ya sea física o jurídica, agregando el elemento del convencimiento, en perjuicio del engañado o de un tercero, para que se entreguen valores, fondos o bines, se brinde algún servicio o se consienta un acto que opere obligación o descargo.

De entrada el tipo parecería ser sobreabundante, pues resulta obvio que todo el que utilizare un nombre falso o una calidad falsa, abusare de una calidad verdadera, o empleare maniobras fraudulentas para convencer a otro de que disponga de su patrimonio realiza la conducta típica de engañar, por lo que a mi entender era tan sencillo como introducir en el texto legal una frase como la utilizada por los alemanes[3] o los españoles, que se resume a “…utilizaren engaño bastante…”[4]. Ahora bien, lo que realmente ocurre con el tipo del 259 es que resulta sumamente limitativo, pues al igual que el antiguo artículo 405, muchas conductas típicas que constituyen engaño quedarían fuera de la taxatividad exigida por el principio de legalidad[5], lo que representa un serio problema a la hora de aplicar justicia bajo las exigencias y principios garantistas de un Estado Constitucional de Derecho.

Esto no significa que el engaño bastante no haya traído como consecuencia numerosos debates en torno a cuándo se debe considerar bastante o suficiente el engaño como para que la conducta sea considerada típica, ya que resulta evidente que no todo engaño debe considerarse como un ardid para que quede configurado el delito de Estafa, pues aquel que resulta inducido a error por insuficiencia en sus niveles de autoprotección o por el denominado “engaño burdo” no debería ser amparado –salvo determinados matices- por el derecho penal, pues el derecho penal debe castigar solamente aquellas conductas que supongan ataques más graves contra los bienes jurídicos y es sabido que no existe un deber legal de veracidad, sino, a lo sumo, un deber moral de veracidad.

Es importante tener en cuenta que lo que se busca proteger con el delito de estafa es el patrimonio y no un deber de veracidad, y la protección patrimonial requiere cierta diligencia por parte de la víctima en el desenvolvimiento del tráfico jurídico. Pero lo que sí queda claro es que mediante este verbo típico (Engaño bastante) es posible abarcar un mayor número de conductas típicas, siendo un verdadero alivio para los jueces al momento de subsumir una conducta engañosa que configure este elemento del delito.

Pero ya alejándome un poco del análisis general del tipo, lo que más llama la atención del nuevo artículo 259 es la nueva modalidad de Estafa que introduce en nuestro sistema dominicano. Esta figura ha sido denominada por la doctrina como Estafa triangular[6]. Se denomina Estafa triangular a aquella modalidad de estafa en la que la persona engañada realiza una disposición patrimonial que no afecta para nada su patrimonio sino el de una tercera persona. De ahí su denominación de triángulo, pues el engañado y el perjudicado son personas distintas.

Así las cosas, la disposición patrimonial[7] no la realizaría el titular del patrimonio afectado sino un tercero que ha sido engañado. La aceptación de esta modalidad ha surgido a través de un amplio consenso doctrinal que entiende que el tipo de la Estafa solamente exige una identidad entre el disponente y el engañado, por lo que no exige dicha identidad entre el disponente o engañado y el perjudicado, pudiendo ser éste último una persona distinta al primero.[8]

Una representación gráfica del delito de estafa triangular sería la siguiente:


La afirmación de que dicha modalidad tiene cabida en nuestro artículo 259 se deduce de un análisis meramente gramatical del texto, ya que este indica de manera expresa ¨…engañar a otra persona…¨, ¨…en su perjuicio…¨, esto es, en perjuicio del propio engañado, ¨o en el de un tercero…¨, donde es posible evidenciar la figura triangular de la descripción del tipo penal.

Pero ¿qué ocurre cuando ese sujeto engañado mediante la utilización de maniobras fraudulentas, que ha sido inducido a error y que a su vez puede disponer de un patrimonio ajeno, es un Administrador de Justicia? Es aquí donde entra la novedosa figura de la Estafa Procesal.

Conceptualmente la Estafa Procesal ha sido definida como ¨aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para alguna persona con el consiguiente lucro indebido para otra¨[9]. Por su parte, Cerezo Mir la ha definido como ¨cuando una parte con su conducta engañosa, realizada con ánimo de lucro, induce a error al Juez y éste, como consecuencia del error, dicta una sentencia injusta que causa un perjuicio patrimonial a la parte contraria o a un tercero¨[10].

Nótese que, contrario a nuestro ordenamiento, en el Derecho Español se exige en el tipo un determinado elemento subjetivo del injusto consistente en el ánimo de lucro, de donde se desprende que la persona que engaña tiene que ser la beneficiaria de la estafa, y aunque pudiera argumentarse que en nuestro ordenamiento dicho beneficio a favor de quien engaña queda implícito en el tipo del 259, en realidad nuestro texto no distingue quién debe ser el beneficiario de la estafa, ya que se limita a indicar ¨que entregue valores, fondos o un bien, o brinde algún servicio, o consienta un acto que opere obligación o descargo¨, sin indicar a favor de quién debe ser dicha entrega, servicio o consentimiento del acto.

Lo que sí queda claro son los requisitos que deben cumplirse para que quede materializada la Estafa Procesal, misma que se desprende del tipo básico de la Estafa y no requiere una mención especial textual para quedar configurada, a saber:

a) La acción[11]debe tener lugar en un proceso jurisdiccional cualquiera, ya sea este civil, penal, administrativo, constitucional o inmobiliario.[12]
b) El sujeto pasivo del engaño es el Juez[13]
c) La persona perjudicada es una persona distinta de aquél que resulta engañado, perteneciendo al grupo de la Estafa en Triángulo.
d) El tipo exige un dolo directo de primer grado y a lo sumo un dolo de consecuencias necesarias. No ha lugar el dolo eventual ni la imprudencia. 

Resulta capital el tema de que dicha modalidad delictiva en la mayoría de las ocasiones tiene lugar a raíz de un concurso de infracciones, lo que también reconoce nuestro nuevo ordenamiento jurídico-penal, ya que en general se requerirá de la falsedad documental como el instrumento idóneo –aunque no el único, ya que está el falso testimonio y otros- para lograr inducir a error al Juzgador y obtener que este dicte la decisión que perjudique a la otra parte o algún tercero ajeno a dicha parte.

El bien jurídico protegido por el delito de falsedad documental es la confianza en el tráfico jurídico, aunque la conducta típica tenga como denominador común el engaño o la alteración de la verdad. El hecho de que esto sea así, es decir, que toda falsedad contenga un engaño, no significa que todo engaño sea constitutivo de una falsedad castigable. De ahí que Silva Sánchez indique que por regla general las falsedades verbales y las mentiras no escritas no resultan punibles[14]. Y es que como reconoce este autor no existe un deber de veracidad en las manifestaciones de los particulares, aunque esto no implique que –y haciendo especial referencia a las falsedades de funcionarios públicos- éstos no tengan un deber de no engañar[15]

Ahora bien, nuestro ordenamiento exige que la falsedad sea realizada para causar un perjuicio a otra persona, conducta que puede convertirse en una modalidad que pudiera quedar abarcada por el delito de Estafa, ya que la única forma en que un documento falso puede causar perjuicio es mediante la utilización del mismo (lo que consistiría parte de la maniobra fraudulenta), y si por este uso se induce a error a una persona (en este caso al Juez) éste, amparado en dicho error, pudiera disponer del patrimonio de la otra parte en su perjuicio o en el de un tercero, y en beneficio del sujeto activo. En dicho escenario no se estaría hablando ya de delito de falsedad, ahí se estaría hablando de un delito de Estafa en virtud del principio de consunción o absorción[16].

Sin embargo, al no tener establecido dicho principio expresamente en nuestro código penal, sino que solamente contamos con el concurso ideal o real de infracciones, tendríamos que trabajar dicha situación mediante el concurso ideal, es decir, aquel concurso que se da cuando la misma conducta típica y penalmente antijurídica da lugar a dos infracciones diferentes, como ocurriría en el ejemplo propuesto en ausencia del principio de absorción.

La Estafa procesal adquiere relevancia por varias razones. La primera que pudiéramos argüir es el fundamento mismo del proceso. Nuestra tendencia jurídica, nuestro sentimiento de la práctica del derecho se fundamenta en el principio de la buena fe, la ética y la lealtad procesal. Si bien se ha reconocido que no existe un deber de veracidad entre las partes, éticamente hablando no es lo mismo realizar una serie de afirmaciones o de pretensiones con la finalidad de defender a toda costa a un cliente, ya sea de manera temeraria o injusta, amparado en un error sobre su validez y justicia, a tener plena conciencia de que se está utilizando un proceso para causar un daño a un tercero y despojarlo de su patrimonio.

El traspaso del límite de una actuación a otra es merecedora de sanción penal. Una cosa es la litigación temeraria imprudente y otra la litigación dolosa. De hecho, se parte de la base que todo lo que se establece en un estrado es verdad, pues precisamente el principio que opera en nuestro sistema jurídico es el principio de la buena fe procesal, sin embargo, cuando dicho principio se ve vulnerado por actuaciones cuestionables desde el punto de vista jurídico-penal y ético-social, el derecho penal debe hacer frente a las lesiones que puedan ser causadas a los bienes jurídicos en juego. Esto no quiere implicar la protección de un deber moral o ético. Esto implica la protección de un bien jurídico que se vulnera por el incumplimiento de un deber. El deber de litigar con lealtad y de la vulneración de la expectativa de conducta que se espera de aquella parte que accede al sistema de justicia. Pudiéramos incluso decir que hasta cierto punto se pretende proteger también la fe en la administración de justicia, aunque por vía indirecta, pues la Estafa es un delito que únicamente protege el patrimonio.

Una mirada civilista al tema podría objetar que existen herramientas propias del proceso civil para hacer frente a aquellos usos de documentos que pretenden ser presentados o son presentados en el desenvolvimiento de un litigio –especialmente el civil- cuando revisten o se sospecha del carácter de falsedad, y cuya invalidación puede ser lograda a través de la denominada inscripción en falsedad. El problema que presenta la inscripción de falsedad es que encuentra su colisión con la tentativa tanto del delito de estafa como del delito de falsedad, propios del derecho penal. Cuando una parte se inscribe en falsedad contra un documento en un proceso civil, es porque el documento ya ha sido presentado o se pretende su presentación, de lo que se infiere el uso, por lo que si dicho documento resulta falso, la sanción no es la exclusión del documento proceso civil sino la interposición de una acción penal.  

El uso del documento supone un principio de ejecución que si no se materializa es precisamente por una causa ajena a la voluntad de quien presenta el documento, lo que da lugar a la constitución de los requisitos exigidos para quedar materializada la tentativa. El problema mayor que presenta nuestra legislación es que castiga la tentativa como el hecho consumado, es decir, no realiza un juicio de valoración atendiendo a la imperfecta realización del tipo sino que se fija únicamente en el desvalor de la conducta ex ante sin atender al desvalor del resultado ex post, que también resulta de suma importancia a los fines del juicio global de valoración que debería hacer un Derecho Penal de un Estado Social y Democrático de Derecho[17].  

Así las cosas, una presentación de un documento falso dentro de un proceso civil y la subsiguiente inscripción en falsedad quedarían en el estadio de la tentativa. Cosa distinta es que por razones de ultima ratio y de Política Criminal, el legislador entienda que la sanción civil que imponga el juez es suficiente para dejar zanjado el asunto, lo que a mi parecer es insuficiente.

Por otra parte, mediante la implementación de la Estafa Procesal se intentará motivar normativamente a las partes a que se abstengan de la realización de conductas dolosas dentro de cualquier proceso, toda vez que el Código Penal estará informando al ciudadano que si accede a la realización de una conducta de esa naturaleza asumirá las consecuencias de su antijurídico actuar. Se fomentará el respeto a la institución de la Justicia y los tribunales adquirirán una connotación de dirimir controversias y no serán una patente de corso para actuaciones delictivas donde se utilice a los propios jueces como herramientas para lograr dichos objetivos.

Algunos juristas han pretendido establecer que no existe tal cosa como la Estafa Procesal, sino que el Juez se convierte en un autor mediato de quien utiliza el proceso para sus fines ilícitos. La objeción que le opongo a dicha tesis es que el Juez no solamente es un Administrador de Justicia, sino que también es una persona, y aunque esté desempeñando un cargo de impartir justicia, como ser humano es pasible de ser inducido a error. La autoría mediata supone la utilización de otro como objeto. Cuando el Juez falla amparado en un error no es un objeto, es un ser racional que entiende que toda la documentación que posee delante es veraz y sobre esa base emite una decisión, dicha decisión causa un perjuicio a una parte producto del error inducido al Juez por la conducta típica y antijurídica del sujeto activo del delito de Estafa Procesal, y esto es precisamente la nueva modalidad típica que nos ofrece nuestro próximo Código Penal dominicano.[18]



[1] El presente trabajo intenta ser un esbozo de una nueva figura que entrará en vigencia a raíz de la implementación del Código Penal Dominicano instituido por la Ley 550-14 del 19 de diciembre de 2014. No es este un trabajo dedicado a tratar el delito de Estafa en su más amplia dimensión, dejaremos de lado –por momento- las cuestiones relativas a las conductas que agravan el tipo, a aquellas conductas afines al delito de Estafa y al problema que representa castigar la tentativa como si fuera el delito consumado, pues algo de resultado material haría falta en éste ultimo aspecto. En la tentativa el sujeto pasivo no logra despojarse de su patrimonio y un requisito elemental del delito de estafa lo consiste el perjuicio patrimonial y aunque el Derecho Penal castigue conductas que sean analizadas ex ante, también es necesario atender al resultado o al análisis ex post, y muy especialmente en este tipo de infracciones, pues al final del día el Derecho Penal es una herramienta que intenta prevenir el delito mediante la motivación del ciudadano a través de la norma sin causar más daño que el que pretende evitar. Sin embargo, esto deberá ser tratado en otro momento por no ser objeto de lo que se pretende tocar aquí.
[2] Constituye estafa el hecho de usar un falso nombre o calidad, o abusar de una calidad verdadera, o emplear maniobras fraudulentas, para engañar a otra persona, física o jurídica, y convencerla así, en su perjuicio o en el de algún tercero, a que entregue valores, fondos o un bien, o brinde algún servicio, o consienta un acto que opere obligación o descargo.
[3] El Código Penal Alemán habla de simulación de falsos hechos, desfiguración o supresión de hechos verdaderos. Vid. §263 Strafgesetzbuch.
[4] Artículo 248 del Código Penal Español.
[5] Y aquí hago referencia, principalmente, a conductas relativas a la omisión. Me resulta muy difícil imaginar cómo podría hacerse subsumir dentro del tipo del 259 un engaño omisivo, pues la única alternativa posible sería ampliar el concepto de maniobra fraudulenta y cuando nos referimos a maniobra, hacemos referencia a una acción. No hay, a mi parecer, maniobras omisivas. Piénsese en el caso de aquel sujeto activo que simplemente omite cierta información al sujeto pasivo, a sabiendas de que con dicha omisión el sujeto pasivo puede caer en un error, disponer de su patrimonio y terminar perjudicándose en beneficio del sujeto activo. ¿Podríamos llamar a esta omisión una maniobra fraudulenta?, pues cosa distinta es la realización de maniobras para lograr la ocultación de la información lo que nos llevaría al campo de la acción y esta conducta si sería subsumible en el verbo típico.
[6] Si bien a mi entender el antiguo artículo 405 daba cabida a este tipo de supuestos por no establecer de manera expresa que el engañado y el disponente fueran personas distintas, aunque esto pueda ser objetable por problemas de taxatividad en el modelo actual no quedan dudas de que se puede perfectamente configurar dicha modalidad delictiva
[7] Prefiero utilizar el término moderno de “disposición patrimonial” ya que resulta más práctico que hacer alusión a “entrega de valores, fondos o un bien, o brinde algún servicio o consienta un acto que opere obligación o descargo”, todas estas últimas modalidades consisten en actos de disposición patrimonial, pues el concepto de patrimonio penal es mucho más amplio que aquel que se maneja en derecho civil y que es utilizado por los franceses. Por ejemplo, brindar un servicio en términos económicos representa dinero, es cuantificable y ese servicio que para mí representa dinero, cuando es obtenido por un tercero mediante un engaño al que me ha inducido, ha afectado mi patrimonio, pues consiste en una labor realizada con la esperanza de recibir una suma que tenía prevista ingresar en mi patrimonio y que no ha ingresado producto de la estafa.
[8] Sobre esto vid. Hernández Basualto, Héctor. “La Estafa Triangular en el Derecho Penal Chileno, en especial la Estafa Procesal”. Revista de Derecho Vol. XXIII- No. 1- Julio 2010. Págs. 201-231, con especial referencia a la Nota 1.; Choclán Montalvo, José Antonio. “El Delito de Estafa”. 2da Edición. Bosch. Barcelona. 2009.; Boix Reig, Javier. “Estafas y Falsedades (análisis jurisprudencial)”. Iustel. Madrid. 2005.; Fernández Díaz, Álvaro. “Engaño y Víctima en la Estafa”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXVI. Chile 2005. Semestre I. Págs. 181-193.
[9] Oliva García, H. ¨La Estafa Procesal¨. 2da Edición. Madrid. 1974. Pág. 90
[10] Cerezo Mir, J. ¨La Estafa Procesal¨, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales ADPCP. 1966. Págs. 179 y ss.
[11] Pues el aspecto de la omisión es muy discutible en nuestro ordenamiento de conformidad con nuestro texto legal, si bien en muchísimas ocasiones los mayores engaños que pueden inducir a error a un Juez son precisamente la omisión de determinados documentos probatorios que pudieran cambiar la suerte del litigio, una vez estos fueran conocidos por el Juzgador. Estas omisiones son más comunes en procesos inmobiliarios donde el Registro de Títulos o el propio Tribunal de Tierras exige la presentación de una serie de documentos cuya omisión de uno de ellos (por ejemplo un contrato intervenido entre dos partes que haga valer un derecho sobre una porción de terreno que se pretende deslindar), si el Juez desconoce el mismo, puede ordenar el deslinde vulnerando el patrimonio de aquella persona que no haya estado pendiente de dicho proceso, por error, por encontrarse fuera del país o por cualquier motivo y esto es típico de una Estafa procesal mediante un engaño omisivo. La no presentación del documento hace caer en error al juez que entiende que toda la parcela le pertenece a quien solicita el deslinde, cuando éste, a sabiendas de que no es así, lo que busca es perjudicar el patrimonio de aquella persona con la que contrató y causarle un perjuicio.  
[12] Si bien la doctrina ha reconocido que los más vulnerables a dicha práctica son aquellos procesos civiles, administrativos e inmobiliarios, por el carácter escrito y la cantidad de documentos que se utilizan para fundamentar los argumentos.
[13]  Como establece Choclán Montalvo, José Antonio. Op. cit. Pág. 319 ¨Se afirma que el Juez tiene la disponibilidad jurídica de los bienes del litigante desde el momento en que esté suscitada ante él la controversia judicial. La cosa litigiosa se encuentra sometida a un poder de disposición del Juez, quien está investigo de la autoridad suficiente para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, lo cual se ejercitará conforme proceda en Derecho. Pero además, el Juez está autorizado jurídicamente para destinar el patrimonio de otro al cumplimiento de los objetivos en función de los cuales se confirió por el titular de ese poder de disposición. Según Bacigalupo Zapater, Enrique. ¨Falsedad Documental, Estafa y Administración Desleal¨. Marcial Pons. barcelona.2007. Pág. 140, ¨cuando el titular del patrimonio transfiere al Juez la decisión en orden a la atribución del elemento patrimonial de que se trate a la esfera de dominio del demandante o del demandado, aquél (el Juez) está revestido del poder jurídico, no meramente fáctico, para realizar aquella disposición y, en consecuencia, satisfacer los fines establecidos en la sentencia¨.
[14] Silva Sánchez, Jesús María (Dir.). ¨Lecciones de Derecho Penal. Parte Especial¨. Atelier. Tercera Edición. Barcelona.2011.Pág. 320
[15] Ibíd. 321
[16] Este principio se basa en la máxima que establece que lex consumens derogat legem consumtam, y lo que viene a consagrar es una especie de principio de especialidad modificado denominado absorción o consunción, mediante el cual se resuelven los problemas de concurso aparente de normas. Supone que aquel injusto que conlleve un mayor desvalor o un desvalor más completo del hecho absorbe al otro. En el caso que se explica, la Estafa resulta ser un delito con un contenido de desvalor mayor que la falsedad documental y por ende debería terminar absorbiendo a dicho delito.
[17] Si bien estas son cuestiones de Política Criminal y de Legalidad que cada legislador puede decidir al momento de constituir las leyes, aunque particularmente en mi opinión un delito que ha causado un resultado conlleva un mayor contenido de desvaloración ético-social que aquel que solamente queda en estado de imperfecta realización, aunque desde la perspectiva de la conducta la intención haya sido lograr el resultado. No es el mismo juicio de reproche social un intento de homicidio que un homicidio. En el primer caso se puso en riesgo el bien jurídico pero el ser humano sigue vivo, en el segundo caso la sociedad queda más afectada por la causación del resultado.
[18] Renunciamos, por motivos de espacio, a profundizar en las diferentes posturas de los autores alemanes, españoles y sudamericanos. También evitamos entrar en los diferentes tipos de Estafa Procesal que existen, tales como la Estafa Procesal Propia o la Estafa Procesal Impropia. Nos dedicamos únicamente a la primera, que consiste en la inducción a error al Juez para que emita una decisión que perjudique a un tercero. La segunda es más propia de las partes que se ponen de acuerdo en simular un proceso para estafar a un tercero ajeno al mismo. Para mí, esto último es más propio del fraude procesal, figura que tiene diferencias con la Estafa procesal y que tampoco se tratan en este artículo, siendo esta última incluso ya tratada por el TC en su sentencia TC/0046/12, cuando hace referencia a unos planteamientos realizados por la Corte Constitucional de Venezuela.

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Como regla general, la solicitud de determinación de herederos es competencia exclusiva de los tribunales civiles, así lo establece el artículo 326 del Código Civil.Los Tribunales de Tierras como jurisdicción de excepción, son competentes para conocer de la solicitud de determinación de herederos en los casos establecidos expresamente en el artículo 57 de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario.Conforme se deriva de la aplicación del artículo 57, la Jurisdicción Inmobiliaria sólo es competente para conocer de la determinación de herederos cuando ésta se solicita conjuntamente con la partición de inmuebles registrados.
Sin limitarnos a lo dispuesto taxativamente en el precitado artículo, es evidente que los Tribunales de Tierras nunca se limitarán a la simple determinación de herederos conforme las reglas de la filiación establecidas en el artículo 319 y siguientes del Código Civil, sino, que sus resoluciones o sentencias, necesariamente or…

Las Costas en el Proceso Civil

Por: Juan Narciso Vizcaíno Canario
¿Qué son las costas?
El pago de honorarios se remonta al Derecho Romano, del cual lo tomó el legislador francés, consagrándolo en el antiguo derecho, en ordenanza civil de 1667. De ahí pasó al Código Napoleónico y de este último a nuestra legislación, donde el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil vigente, expresa que: “Toda parte que sucumba será condenada en las costas…”. De igual forma, tal concepción se deriva que “El vencido ha de pagar necesariamente al vencedor los gastos o costas del juicio”. Es decir, que la condenación en costas es una carga que se le impone a aquel accionante que habiendo acudido a pleitear fue aplastado por la defensa de su opositor.
El fundamento jurídico de esta regla condenatoria se basa en la doctrina que trata de explicar la condenación de costas por medio de la noción de riesgos. Lo que quiere decir que la parte que postula como demandante o demandada, debe soportar las consecuencias de su actuación en el pr…

Función Social del Abogado

Por: Juan Narciso Vizcaíno Canario

La idea de escribir sobre este tema me surgió en momentos en que aún cursaba la carrera, en razón de que postulo que el desenvolvimiento de los abogados va más allá de la defensa de intereses que están envueltos en los casos que le han sido apoderados. Otro aspecto que me motivó se debe a que luego de egresado, en el devenir de los quehaceres asumidos he constatado que en República Dominicana, es escaso toparse con abogados que ejerzan su función social.

Desde tiempos remotos la palabra “Abogado” ha sido concebida y definida de diversas formas, por distintos autores, críticos y profesionales de la misma área, como el título con el cual se le conoce a la persona que sirve como intercesor o representa intereses o presta asesoría a una persona que se encuentra en un conflicto. Muchos se olvidan de que la psiquis del profesional del derecho debe ser complementada.

No se trata únicamente de asumir una postura de representación en busca del proveimiento de lo…